Nuestro lugar de trabajo, sea cual sea, puede llegar a ser muy peligroso y sin tenerlo previsto. De esta manera, una imprudencia laboral que acaba en fallecimiento es una situación que condiciona tanto a la familia del difunto como al empresario que ha perdido a un trabajador. Por lo tanto, desde Traetupóliza, a continuación, explicamos cómo el sector asegurador puede ayudar en ambas situaciones: desde seguros de vida a otro tipo de pólizas de protección.
Con una profesión de riesgo… ¡Debes asegurarte!
Al igual que tú, como obrero, debes protegerte, los empresarios encargados del proyecto también deben asegurar tu bienestar. Por eso, todas las empresas de construcción tienen la obligación de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil. Además, tal tiene que ser el cuidado con respecto a su plantillas que deberán contar con un plan de prevención de riesgos laborales vigente y avisar a la aseguradora de todas las obras que inician para que realice un informe de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Es su responsabilidad.
En caso de que se haya incumplido esta obligación, el empresario responsable responderá con todo su patrimonio. En los casos en que sí se hubiera contratado el seguro de responsabilidad civil, la aseguradora responderá de forma directa, pero sólo hasta el límite del importe pactado en la póliza, siempre que incluyera los accidentes de trabajo.
La Policía Nacional o la Guardia Civil, como competentes de la investigación, acudirán al lugar del siniestro y elaborarán un atestado judicial en el que expondrán las circunstancias en las que se ha producido el accidente laboral con resultado de muerte. Al lugar también se desplazará el Médico Forense, adscrito al juzgado competente de la investigación, con el fin de elaborar su informe, donde se harán constar las causas de la muerte.
De igual forma, se asignará el expediente a un inspector de trabajo. Este elaborará un informe detallado con las causas del accidente, las medidas de seguridad individuales y colectivas existentes y sus conclusiones acerca de si estas eran las exigidas por la normativa vigente. Esto es así porque, por ejemplo, no se requieren las mismas medidas de seguridad al trabajar en la construcción de un túnel que para trabajar en la construcción de un chalet o un edificio.
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Si el tribunal considera probado que la causa del fallecimiento es una imprudencia del empresario, estaríamos ante un delito de homicidio por imprudencia, recogido en el art. 142, que puede ir desde muy leve a muy grave. A modo de resumen muy genérico estos son los supuestos recogidos en el Código Penal:
No es delito y solo podrá reclamarse indemnización por vía civil.
Será penado con una multa, marcada entre 3 hasta 18 meses.
Presenta una pena de prisión, incluso, hasta 4 años.
Con pena de prisión de 4 a 6 años y hasta 9.
La calificación jurídica es tarea del Ministerio Fiscal y del Juez, pero también de los abogados de la acusación y de la defensa, quienes valorarán todas las las circunstancias que rodean el caso y argumentarán su posición basándose en la jurisprudencia (precedentes similares). Por ello, la elección de un abogado especializado en delitos de homicidio imprudente es fundamental tanto si se ejerce la acusación como la defensa.
Cada tipo de obra está regulada por una normativa sectorial de prevención de riesgos laborales y de seguridad. De esta forma, los requisitos de seguridad e higiene en el trabajo son muy diferentes según cada obra: en carretera, fuera de municipio, en altura, en túneles, etc.
Para que un fallecimiento en una obra dé lugar a un procedimiento penal por homicidio imprudente (y en su caso, delito contra los derechos de los trabajadores) debe haberse producido por incumplimiento del responsable de los deberes esenciales a su cargo. Sus deberes fundamentales, como responsable de prevención en la empresa, son:
Después de todo lo dicho, ten claro que la manera de actuar en tales casos constará de 4 fases:
El juez citará a declarar como investigado al responsable/s de prevención y seguridad de la empresa, a los testigos de los hechos si los hubiera y a los peritos de la aseguradora y del Ministerio de Trabajo. También recabará todas las demás pruebas: informe forense con las causas de la muerte, atestado policial, grabaciones o documentos relevantes de la investigación. A solicitud del abogado podrá realizar una averiguación patrimonial al investigado en caso de que existan dudas sobre su solvencia.
Tras concluir la fase de Instrucción y una vez que el juez crea que dispone de todas las pruebas necesarias para investigar los hechos, dará traslado al fiscal y al abogado de la acusación para que presenten sus escritos de acusación, en los que describirán los hechos ocurridos y solicitarán las penas e indemnización que consideren oportunas, siempre atendiendo a los criterios establecidos por baremo en el BOE. Tendrán derecho a percibir responsabilidad civil (indemnización) todos perjudicados por el fallecimiento: cónyuge, padres, hijos y hermanos y la cuantía varía en función de la edad del fallecido y la situación de los familiares.
El procedimiento se envía a un Juzgado de lo Penal, que será competente para enjuiciar los hechos. Acudirán los abogados de la defensa y de la acusación, de la aseguradora, el fiscal y el juez. Declarará el investigado, los testigos y los peritos. El juicio terminará con los alegatos del fiscal y de los abogados.
Tras dictar sentencia, las partes podrán recurrirla si no están de acuerdo con el fallo, en apelación en primer lugar y en casación, posteriormente. En caso de que sea condenatoria, las penas solo se podrán suspender si son inferiores a 2 años de prisión y el condenado paga la responsabilidad civil, aunque no sea en su totalidad, al menos sí parcialmente.
Graduado en Lengua y Literatura española + Periodismo. En Traetupóliza, desde diciembre de 2021, realizando tareas de creación y redacción de contenido y de optimización del mismo para los motores de búsqueda.
